Liberan orden de aprehensión en contra del exsecretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez

Publicado el: 9 de Agosto del 2017 a las 12:28 pm . Por antoniogaytan

  • Incluye a exdirectora administrativa Lulú Díaz por el presunto desvío de 53 mdp

Por: Antonio Gaytán

La Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Durango obtuvo una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Salud, Eduardo Díaz Juárez, y de la exdirectora administrativa, Lourdes Díaz Herrera, por el probable desvío de recursos públicos por 53 millones de pesos, informó el consejero Galdino Torrecillas, procedimiento que surge de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) por parte del titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), César Franco Mariscal.

  • Cabe destacar que ambos exfuncionarios cuentan con un amparo y no serán detenidos; sin embargo, están obligados a comparecer ante el Juez cuando éste los mande llamar y en caso de no presentarse se cumplimentará la orden de aprehensión.

Se presume una comisión de delito por el uso indebido de atribuciones y facultades, tipificados en el artículo 334 fracción I, inciso D y II, en relación con el penúltimo párrafo del código penal para el estado de Durango; al detectarse -mediante auditoria- irregularidades en la adquisición de un expediente clínico electrónico en el Hospital General 450 en donde tuvieron participación ambos exfuncionarios, contrato que celebraron con la empresa PACS Computación.

El contrato fue por adjudicación directa por un monto de 82 millones de pesos con una vigencia por tres años; asimismo, celebraron con la misma empresa -propiedad de Diana Ocón- un contrato por 7.5 millones de pesos por un equipo para manejar dicho expediente electrónico.

Un análisis de estos contratos arrojó una serie de irregularidades que ocasionaron un perjuicio y daño directo al patrimonio de la Secretaría de Salud, se detectó que en ningún momento se cumplió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado de Durango.

Además dispusieron de recursos públicos del programa FASSA y del presupuesto estatal sin estar autorizados por la Junta de Gobierno, dinero que utilizaron para realizar los pagos a la empresa contratada a pesar que el expediente electrónico no funciona conforme a lo estipulado en el contrato; una prueba pericial (elemento de prueba) arrojó que el sistema no cumple ni al 50 por ciento de su servicio y a pesar de sus fallas, los exservidores públicos siguieron pagando las facturas.

Se trata de una severa omisión que provocó un detrimento económico en las fuentes de financiamiento ya que nunca actuaron bajo el marco legal, el cual establece aplicar una pena convencional en contra de PACS Computación; por ello, no se descarta presentar en los próximos días una ampliación de la denuncia en contra de la empresa por la responsabilidad que le resulte.

El consejero Torrecillas Herrera explica que esta irregularidad ha privado a miles de familias de acceder a la digitalización de su historial médico, retrasando la mejora de los servicios a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

Finalmente, reiteró que el actual gobierno no cesará en su decisión de hacer valer el estado de Derecho y que quien “la hace, la pagué” como lo mandatan los duranguenses que le dieron su confianza a la administración estatal vigente; dijo que se seguirá trabajando y emprendiendo acciones legales en contra de quienes defraudaron el patrimonio de los ciudadanos, y se solicitarán orden de aprehensión conforme a las instrucciones del gobernador José Aispuro para que ninguna irregularidad cometida por exservidores públicos quede impune.